Los otros “Izaguirre”
El corredor del adiestramiento del narco

*Se cambiaron los nombres de las víctimas para resguardar su seguridad

"Mira mi cabrón, nosotros somos de Jalisco Nueva Generación y no andamos con mamadas. Tú vas para la escuela de sicarios, así que súbete. Si no, voy a regresar y voy a levantarte. A huevo te voy a llevar, y a toda tu familia la voy a matar".

Así amenazó un reclutador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a José*, un adolescente de 17 años de Guadalajara que buscaba un empleo a través de Facebook. Cayó en una oferta falsa y terminó en una casa de adiestramiento criminal en Puerto Vallarta.

Su historia es la de muchos adolescentes y jóvenes en México que son conducidos a centros de adiestramiento del narco. Aferrados a una promesa falsa, se convierten en desaparecidos.

Durante más de una década, el cártel ha operado estos sitios para conformar su ejército de reclutas, captados mediante tres principales métodos: ofertas laborales falsas, videos y publicaciones vía TikTok y desapariciones violentas. En esta investigación, CONNECTAS documentó la existencia de al menos 12 centros de adiestramiento y 17 campamentos descubiertos entre 2011 y 2025, distribuidos en 21 municipios de Jalisco, Aguascalientes, Michoacán y Zacatecas.

La existencia de estos centros no se entiende sin el dominio territorial que ejerce en esta región el CJNG. En mayo de 2025, la DEA publicó el informe “Drug Enforcement Administration 2025 NTDA (National Drugs Threat Assessment)” en el que describe el poderío de esta organización criminal y la describe como la principal amenaza para Estados Unidos en la actualidad: detecta su presencia en todo México, con dominio significativo en más de 20 estados, principalmente en el occidente, y redes extendidas a 40 países.

El Rancho Izaguirre en Teuchitlán, hallado el 6 de marzo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, se convirtió en símbolo de este poderío y de lo que ocurre en la sombra: la transformación de desaparecidos en soldados del crimen organizado.

El corredor del adiestramiento

Este sitio no es único, forma parte de una red que ha operado el CJNG por años en el occidente del país, pero su epicentro se localiza en Teuchitlán y sus alrededores, dentro de la Región Valles de Jalisco, según los datos a los que accedió esta investigación; de los centros de adiestramiento desmantelados de 2011 a 2025, la mitad operaban en esta zona.

Las autoridades ya sabían de la existencia de esta red desde 2017. Tras el reclutamiento forzado de José, su familia interpuso una denuncia por desaparición y las pistas dieron con una casa en Puerto Vallarta donde estaba él junto con otras cuatro personas víctimas y 19 integrantes del CJNG.

Cómo opera la maquinaria del adiestramiento

Mil pesos por víctima. Esa es la comisión que recibe una persona reclutadora, según el testimonio de Sara Jazmín, “La Miche”, quien se encargaba de las captaciones y fue detenida en agosto de este año, en Quintana Roo.

Reconoció ser operadora del CJNG en los estados de Jalisco, Guerrero y Michoacán. Su labor era variada: crear cuentas para anuncios en redes sociales, enganchar a los jóvenes con falsos empleos de seguridad privada y administrar algunas de las casas de adiestramiento.

Junto a “La Miche” detuvieron a otras siete personas, entre ellos a Julio César “El Ranger”, joven de Michoacán que declaró haber sido reclutado en 2023. Al igual que a José, lo engañaron con una oferta falsa en redes sociales y lo llevaron a una casa en Puerto Vallarta. Finalizó su entrenamiento en la sierra donde lo adiestraron en el manejo de armas de fuego y explosivos.

Él comenzó a trabajar como “halcón” —vigilante para detectar y avisar sobre la presencia de autoridades en zonas específicas— en Puerto Vallarta. Después, lo trasladaron a Quintana Roo para realizar labores de sicariato, ahí fue aprehendido.

Jorge, otro de los detenidos, “recibió un mes de adiestramiento en una parte de la sierra de Jalisco donde impartieron entrenamiento de sobrevivencia a un grupo de aproximadamente 120 personas y señaló que cuatro de sus compañeros fueron ejecutados por no hacer bien las cosas y fueron cocinados para alimentar a ese grupo. A quien no pasara esa prueba también lo asesinaban”, declaró el fiscal de Quintana Roo, Raciel López Salazar, en rueda de prensa en agosto de este año.

La investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) Alejandra Guillén González menciona que Jalisco y, principalmente, la Región Valles es apta para estas dinámicas dado que ahí confluyen las principales vías de comunicación que conectan a todo el occidente del país y cuenta con áreas serranas idóneas para montar los campamentos para el entrenamiento.

Coincidió en el modo de operación: los reclutas son trasladados desde distintos puntos de Jalisco a casas como la de Puerto Vallarta y, tras un periodo indeterminado, pero corto, los sobrevivientes son enviados a los cerros donde reciben entrenamiento físico y en uso de armas.

“En los campamentos de Tala, parte del entrenamiento consistía en hacer camuflajes. Dormían debajo de ramas para evitar ser detectados por helicópteros entre las montañas. Trataban de no prender fuego ni dejar rastro alguno. Podían pasar semanas en el cerro”, describe Guillén González.

Al analizar las características de los centros de adiestramiento con base en la información recabada, se detectan elementos clave. Por ejemplo, la casa donde fue llevado José estaba adaptada para recibir a decenas de personas: en la sala había colchones inflables y camas improvisadas, junto a mochilas, ropa y documentos personales —credenciales, CURP, certificados de estudio—. Policías de investigación narraron ante un juez que también localizaron ropa táctica, armas y material para empacar droga, además de leyendas alusivas al CJNG.

Mientras, en los campamentos, se detectaron casas de campaña improvisadas con ramas, plásticos y cobijas, armamento de diversos calibres, droga y artículos personales.

Un sistema conocido

A pesar de que desde 2017 las autoridades de Jalisco tenían claro cómo operan estos sitios, CONNECTAS detectó que entre 2018 y 2024 no hay registro de operativos en Jalisco orientados a localizar centros de adiestramiento. Para Guillén González, este lapso evidencia omisión y permisividad: "La pregunta que nos hacemos es por qué no ha habido más operativos para liberar gente. El Rancho Izaguirre lo que nos muestra es que se les dejó operar".

Los centros de adiestramiento y campamentos incluidos en esta investigación corresponden a sitios que han sido desmantelados. Sin embargo, las autoridades de Jalisco reconocen que hay más que siguen en operación.

Manifestación en Guadalajara tras hallazgo de Rancho Izaguirre. Marzo 2025. Crédito: CONNECTAS

Tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, el crimen organizado trasladó el adiestramiento al estado de Zacatecas, según el actual fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, quien reconoce que tiene claro cómo funciona hoy el sistema.

"La ruta que tenemos conocida es que los envían a Zacatecas, ahí los adiestran en algún lugar. [Luego,] los envían a Nayarit y los envían a Sinaloa. Jóvenes liberados que han tenido la oportunidad de regresar nos han identificado a jóvenes de los que tenemos denuncias por desaparición y que siguen allá, en Sinaloa. Hemos hablado con los familiares y les hemos dado la lamentable noticia que siguen allá. Se los están llevando a la guerra", dijo el fiscal en rueda de prensa en agosto.

La guerra a la que hace referencia comenzó tras la detención de Ismael “el Mayo” Zambada en julio de 2024, y la sostienen las facciones del Cártel de Sinaloa conocidas como “La Chapiza” (en favor de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán) y “La Mayiza” (en favor de “el Mayo”). Meses después, se habría sumado el CJNG, presumiblemente en apoyo a "La Chapiza", de ahí que los nuevos reclutas son enviados a ese campo de batalla.

Esta situación fue evidente con la desaparición de Paul Alexander y Carlos Alejandro, dos adolescentes de 16 años de edad que fueron reclutados el 10 y 20 de mayo de 2025 en Jalisco, pero los encontraron sin vida el 14 de julio en Sinaloa, víctimas de un enfrentamiento armado, reconoce el fiscal.

Pese a conocer la ruta del reclutamiento, González de los Santos menciona que las acciones que realizan consisten en mantener un operativo en las centrales de autobuses de Jalisco para detectar posibles casos. Y de quienes tienen conocimiento que ya están en los centros de adiestramiento, avisan a sus familiares y notifican a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine la pertinencia de la investigación.

Métodos de captación

La promesa de empleo

A José lo trasladaron desde la Nueva Central Camionera de Guadalajara hasta Puerto Vallarta. Ahí le dieron los detalles : sería entrenado para sumarse al CJNG y recibiría 4 mil pesos (200 $us) semanales. La casa a la que lo llevaron estaba llena de jóvenes reclutados. "Al entrar miré que en la casa había como siete personas, todos hombres y menores de 18 años”, recuerda. Al día siguiente llegaron 17 más.

Su testimonio, incluido en la sentencia de la carpeta de investigación 5129/2017 del Consejo de la Judicatura de Jalisco (CJJ), coincide con el de otras cuatro víctimas rescatadas. Tres fueron captadas con ofertas falsas de empleo y promesas de sueldos de entre 2 y 4 mil pesos mensuales (100 y 200 $us), y una más con un paquete de vacaciones a bajo costo. Todos fueron trasladados a Puerto Vallarta vía centrales de autobuses, provenientes de los municipios de Jalisco, Manzanillo (Colima) y la Ciudad de México.

Las ofertas laborales falsas son una de las modalidades más frecuentes de reclutamiento forzado. Tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió una comunicación oficial al Gobierno de México para pedir explicaciones sobre la existencia del reclutamiento forzado bajo este sistema.

"Una vez que los interesados responden a las ofertas, serían citados en las centrales camioneras para supuestas entrevistas laborales. En algunos casos, se ha informado que los reclutadores incluso proporcionarían boletos de autobús para facilitar el traslado de las víctimas. Sin embargo, al llegar a la cita, las personas serían reclutadas forzadamente y sometidas a trabajo forzoso. También se ha informado que las víctimas serían sometidas a ejercicios extremos, abusos físicos y psicológicos y pruebas de lealtad que incluirían violencia extrema entre personas reclutadas, torturas y asesinatos para demostrar su compromiso", describe el documento.

La ONU pidió al Estado mexicano confirmar la existencia del reclutamiento forzado y qué acciones emprende para atenderlo. Hasta septiembre, el Gobierno de México no había respondido.

Las centrales de autobuses son pieza clave en el rompecabezas del reclutamiento forzado. Una de las acciones que la autoridad emprendió en Jalisco para prevenirlo es montar un operativo especial en la Nueva Central de Autobuses de Guadalajara, sitio que en 2024 fue el epicentro de las desapariciones en este estado con más de 30 casos documentados.

A raíz de este operativo que inició en octubre de 2024 y hasta septiembre de 2025, lograron rescatar a 54 personas, 27 de ellas menores de edad. Las ofertas laborales falsas fueron el común denominador.

El caso más reciente ocurrió el 20 de septiembre. Tres jóvenes, uno de Jalisco y dos de Oaxaca, pretendían comprar boletos para trasladarse a Aguascalientes. En la taquilla los notaron inquietos y nerviosos. Al pedirles su identificación, notaron que uno era menor de edad.

La encargada se comunicó con las autoridades y descubrieron que el menor fue engañado bajo este modus operandi. Le prometieron un salario de 30 mil pesos mensuales (1500 $us) por trabajos de albañilería. Se cree que Jesús y Francisco, de 18 y 22 años de edad eran los reclutadores y fueron detenidos en el sitio.

El periódico El País documentó que este sistema también fue empleado para captar en un centro de adiestramiento en el poblado de La Vega, Teuchitlán, a pocos kilómetros del Rancho Izaguirre. Los 38 reclutas dijeron ante un juez que atendieron ofertas falsas para trabajar de albañiles, guardias de seguridad y corte de agave. Tras llegar a alguna central de autobuses, eran trasladados en un taxi de plataforma (Uber, Didi, etcétera), al centro de adiestramiento. Ahí los mantenían con amenazas. Los jóvenes fueron rescatados durante un operativo federal el 29 de enero de 2025.

El mismo método que captó a José en Guadalajara pronto cruzó fronteras. La Cancillería de Colombia confirmó a esta investigación que también se utilizan ofertas falsas de empleo para atraer a exmilitares de ese país hacia México.

"En varios casos, ciudadanos colombianos privados de la libertad en México han manifestado que fueron contactados en Colombia por intermediarios que les ofrecieron empleos en el sector de seguridad privada, a través de redes sociales o contactos personales. Una vez en territorio mexicano, algunos denunciaron haber sido engañados, coaccionados o reclutados por organizaciones criminales", describe la Cancillería para esta investigación.

Los casos de los exmilitares José Fernando Cataño Durango, José Gabriel Sáez Angulo y Eduban Rodríguez Cardona lo ejemplifican. Los tres viajaron a México en 2023 con la promesa de trabajar como escoltas en plantaciones cítricas; desaparecieron en Michoacán. Eduban incluso tiene activa una cédula amarilla de búsqueda en la Interpol.

Entre 2015 y 2025, la Cancillería de Colombia apoyó la localización de cinco exmilitares con vida y confirmó la muerte de tres más. También reconoce que 31 han sido detenidos en México por vínculos con el CJNG, el Cártel de Sinaloa o el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Jorge Ramírez Plascencia, sociólogo en la Universidad de Guadalajara (UdeG), explica que “se ha hablado a menudo de personas que han estado en estos lugares y que los colombianos son los maestros, los que los adiestran, los especialistas que les dan la capacitación”. Aunque añade que la función de los exmilitares también es la de “combatientes”.

El 28 de mayo de 2025, elementos de la Guardia Nacional de México detuvieron a 17 personas armadas en los límites de Michoacán y Jalisco, 11 de ellas son colombianas, según confirmó la Cancillería, todos exmilitares. La autoridad de Colombia reconoció que el reclutamiento sirve, también, para contar con mercenarios.

La expansión del CJNG hacia Colombia confirma que su maquinaria de adiestramiento no es improvisada: integra experiencia militar extranjera y jóvenes reclutas que son enviados a entrenar en sierras y zonas rurales de México.

Enganchan por TikTok

José describe que en la casa en la que lo tuvieron no todos fueron engañados, había quienes decían desde el inicio que sabían que se trataba del CJNG. Este reclutamiento, que pareciera ser voluntario, es una segunda forma en cómo los grupos criminales crean su ejército.

A través de diversas redes sociales, como TikTok, circulan decenas de cuentas que tienen ofertas explícitas. No ocultan en ningún momento que buscan personas para integrarse a la “empresa”, a las “cuatro letras” o con el “señor de los gallos” (apodo de Nemesio Oceguera Cervantes, Mencho, líder del CJNG).

En el estudio “Nuevas fronteras en el reclutamiento digital”, publicado por el Colegio de México (Colmex), el Laboratorio de Odio y Concordia en colaboración con El Civic A.I. Lab de la Universidad de Northeastern revisaron más de 100 cuentas de TikTok utilizadas para el reclutamiento criminal tanto por el CJNG como por el Cártel de Sinaloa. Los investigadores detectaron el uso de hashtags como #trabajaparalamaña, #4letras y #mencho. También el uso de emojis como ninja, casco, gallo o NG, todos alusivos al crimen organizado.

CONNECTAS realizó una búsqueda adicional y encontró decenas de cuentas activas en septiembre de 2025. “Reclutamiento para las 4L”, “se está reclutando para las 4 letras, quién jala”, “ánimo razita, ando reclutando gente para las 4”, “urge gente de valor que quiera trabajar para las 4L”, “jálate a trabajar con la plebada de las 4 en Guadalajara, Jalisco, ánimo gente”, son algunos de los mensajes.

Los presuntos reclutas prometen una oportunidad laboral y altos sueldos. “Paga entre 8 mil a 10 mil (400-500 $us) semanal, el adiestramiento dura 2 meses con vivienda y armamento. Exmilitares o soldados ganan entre 10 mil y 15 mil (500-750 $us) semanal”, se lee en un video en TikTok.

En Jalisco, según la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el salario promedio de un hombre alcanza 14,479 pesos mexicanos (724 $us) al mes; el cártel promete hasta cuatro veces más.

Para Carmen Chinas Salazar, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, la conjunción de la idealización del narco, las dificultades para acceso a la educación y la precarización laboral del país orillan a jóvenes a integrarse a las filas del crimen organizado.

Mencionó, por ejemplo, que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de 2022, las universidades de México tienen la capacidad de absorber solo al 41.9% de los jóvenes egresados de preparatoria y, además, la situación está marcada por la desigualdad: en los más pobres, 8 de cada 10 no consigue un espacio universitario.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, tiene conocimiento de esta modalidad: "Les dicen que les van a pagar sumas importantes, lo cual se les hace atractivo, pero lamentablemente, ante esta desinformación y falta de supervisión de padres, tutores y autoridades administrativas de planteles escolares, estos jóvenes saben a lo que van, tienen conocimiento porque en estas páginas de TikTok les hacen referencia que van a trabajar para un grupo criminal", dijo en conferencia de prensa en agosto de 2025.

Si bien, este reclutamiento pareciera ser voluntario, para Ramírez Plascencia no lo es. No hay contratos de por medio, se priva de la libertad a la persona, se le incomunica y, si en algún momento quiere romper la relación, no se le permite.

"Muchos casos tienen la conciencia de que están respondiendo a una invitación, pero de ahí a hablar de un acto voluntario hay mucha diferencia. En la medida en que son empresas criminales y no hay ni puede haber un contrato de incorporación, hay que considerar que todos estos casos caben en una modalidad muy amplia de coerción. Creo que debemos superar el debate de si se trata de personas que se incorporan voluntariamente o a fuerzas. Los testimonios de cualquier edad de las personas que han estado ahí mencionan situaciones de esclavitud".

José lo confirma, quienes llegaban aparentemente voluntarios, no eran excluidos de la violencia física. Relata que en la casa todos vivían en hacinamiento, privación de la libertad y violencia. Juan*, otra de las víctimas, recuerda: "En cuanto llegué vi en la orilla del interior de la casa a una persona golpeada. Escuché que en ese momento dijeron: "para que no hagan mamadas". Se quería escapar y por eso lo habían golpeado."

Martín* añade que también eran castigados si no cumplían con sus roles de limpieza o si salían sin autorización. “No podíamos salir por miedo que nos fueran a matar”.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en México, dijo en rueda de prensa en marzo que la Policía Cibernética detectó este modo de operación y logró dar de baja a 39 cuentas que utilizaba el CJNG para reclutar a jóvenes. Prometió que el rastreo sería permanente, pero a la fecha de esta publicación, hay decenas de cuentas activas. Sin embargo, sí se detectó la rotación, pues mientras unas son dadas de bajas, otras ya están naciendo.

Violencia de por medio

La tercera modalidad detectada en esta investigación sobre cómo se da el reclutamiento de personas por parte de grupos criminales incluye los conocidos como “levantones”, es decir, desapariciones con violencia de por medio.

Héctor Flores González, representante del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, habla del caso de su hijo Héctor Daniel Flores Fernández, desaparecido por un grupo armado en mayo de 2021 en Guadalajara.

Un testigo de los hechos lo contactó y le dio la ruta que siguió su hijo. Lo habían llevado a una de las llamadas "casas de seguridad", donde a los sobrevivientes se les da una salida con vida: irse de reclutas.

"Él me comenta que fue liberado y que todas las personas que iban llegando a esa casa de seguridad, después de que los torturaban, les sacaban información o lo que fuera que hacían con estas personas. Si sobrevivían los invitaban a irse a un campamento ahí en Tala. A las personas que decían que no, las mataban en ese momento. Entonces me dijo: su hijo, al estar varios días con vida en un cuarto sin ser golpeado, es porque aceptó, de alguna manera, irse reclutado".

Esta modalidad también es utilizada para reclutar contra su voluntad a personas especialistas en un área específica que necesita el crimen organizado, por ejemplo, mecánicos, pilotos, choferes, ingenieros, etc.

En este sentido, un reporte oficial de desaparición al que CONNECTAS tuvo acceso señala que, en enero de 2019, un mecánico automotriz de Guadalajara “se encontraba junto con tres personas afuera de su taller mecánico, cuando varios vehículos llegaron al lugar. [Se] bajaron varios sujetos armados, los cuales [lo] subieron a la fuerza. Hasta el momento no se cuenta con mayor información sobre su paradero, ya que sus teléfonos perdieron señal y sus cuentas de WhatsApp están sin foto”.

De víctimas a victimarios

Los testimonios coinciden en que los reclutas tenían dos opciones: delinquir bajo las órdenes del CJNG o morir.

Una vez en el adiestramiento, no todos eran entrenados para matar, a algunos se les obligaba a sembrar, procesar o empaquetar droga, pero siempre bajo un estrés psicológico con castigos como ver asesinar a otras personas o estar encadenados bajo el sol.

Esta transición de víctimas a victimarios se nota también en estadísticas a las que se accedió vía transparencia. Entre 2018 y 2025 al menos 111 personas fueron detenidas por delitos federales o relacionados con drogas, homicidio y desaparición en 17 estados, y que previo a su detención tenían una denuncia por desaparición. Las autoridades no especificaron cuántas son menores de edad.

Los 15 estados restantes negaron la información o aseguraron no contar con casos con esta dinámica. Jalisco, epicentro de esta crisis, fue uno de los que no respondió. Al poner los datos sobre un mapa, se observa que las zonas occidente y norte concentran la mayoría de los casos.

Chinas Salazar explica que actualmente hay un debate social en México sobre cómo debe ser el abordaje de personas detenidas por delincuencia organizada, pero que fueron obligadas a delinquir. Añade que hay un estigma social que rechaza cualquier concesión legal para estos jóvenes.

Esto, sumado a la falta de un marco legal en México para tipificar el reclutamiento forzado, hace complejo el tratamiento jurídico de casos como estos, considera el especialista en derecho penal, Joseph Irving Olid Aranda.

Actualmente, resulta más sencillo en los juicios suprimir la calidad de víctima y generar un proceso de imputación. Pero para el especialista, “el fenómeno se debe estudiar con todas sus complejidades y en estos casos tratar de dibujar un marco jurídico que sea mucho más garantista”.

Ya han existido intentos para que se tipifique el delito, pero no han prosperado. Por ejemplo, el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco encabezó una caravana en febrero de 2025 al Congreso de la Unión para exigir esta tipificación y que se genere una política nacional contra el reclutamiento forzado. Todo ocurrió antes del impacto mediático del Rancho Izaguirre. Hasta hoy, “ha habido sordos. Nunca nos han hecho caso. Parece que el tema es una política para no reconocer el reclutamiento o estos campamentos”, lamenta Héctor Flores González, su vocero.

Manifestación contra el reclutamiento forzado de jóvenes en Guadalajara. Abril 2025. Crédito: CONNECTAS

Mientras tanto, el reclutamiento no cesa y las acusaciones han alcanzado a funcionarios. Las indagatorias de la FGR sobre el Rancho Izaguirre llevaron a detenciones por presunta complicidad y delincuencia organizada de diversos servidores públicos. Primero fueron arrestados tres policías municipales de Tala, señalados por una víctima que declaró que, en lugar de ser llevado ante el Ministerio Público, fue entregado al cártel en Teuchitlán.

Después, la investigación alcanzó al presidente municipal de Teuchitlán, José Ascención Murguía, quien está preso y vinculado a proceso por delincuencia organizada, señalado de facilitar la operación del CJNG en los centros de adiestramiento localizados en su territorio.

Pero no es el único caso. Entre diciembre de 2018 y agosto de 2025 hubo un total de 317 funcionarios jaliscienses detenidos por presunta desaparición forzada. Entre ellos están los relacionados al Rancho Izaguirre, pero también otros casos que ilustran el mismo patrón: en mayo de 2025, dos policías del municipio de San Cristóbal de la Barranca fueron arrestados en la Nueva Central Camionera de Guadalajara cuando trasladaban, en una patrulla oficial, a dos jóvenes de Michoacán que habían sido enganchados mediante ofertas laborales falsas en redes sociales.

Los casos documentados, las rutas identificadas y las detenciones de servidores públicos muestran que el reclutamiento forzado y los centros de adiestramiento no son hechos aislados, sino parte de una estructura operativa que ha funcionado durante más de una década en Jalisco y estados vecinos. Mientras el vacío legal persista y los operativos sean intermitentes, la ecuación seguirá cerrada: mil pesos por recluta, un viaje a la sierra y otra víctima en la lista de desaparecidos.